Contexto
El censo del INEI 2017, indica que 10.3% del total de la población nacional (cerca de 3 millones 209 mil 261 personas, de las cuales, 57% son mujeres y 43% varones), tiene alguna discapacidad y ve vulnerados sus derechos y libertades fundamentales. Entre sus principales demandas figuran: difusión amplia, descentralizada y accesible de información oficial en materia de discapacidad; medidas de accesibilidad y ajustes razonables según el tipo de discapacidad para los procesos de consulta; acceso a servicios de salud, educación adecuados a sus necesidades; la mejora de la empleabilidad e incremento de las competencias laborales de las personas con discapacidad, entre otras.
En la población con discapacidad, más del 80% de las mujeres son sobrevivientes de violencia basada en género, por lo que se hace urgente la incorporación de indicadores de discapacidad en las fichas de registros en entidades que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, así como la promoción de inclusión de data estadística sobre violencia de género en el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres.
Frente a esta situación
Paz y Esperanza asume el compromiso institucional de empoderar a las personas con discapacidad en el conocimiento y ejercicio de sus derechos y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad, para que hagan incidencia y vigilancia en la implementación de políticas y normas para el cumplimiento de sus derechos (salud, educación, accesibilidad, vida libre de violencia, capacidad jurídica, empleo).
