PIR

Prevención, Intervención, Reforma

A lo largo de más de 20 años de servicio a personas, familias y comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad, hemos comprobado una y otra vez que se necesita enfrentar la violencia e injusticia de distintas formas.

Lo resumimos en un gráfico al cual llamamos CIRCULO DE LA JUSTICIA- PIR que consiste en lo siguiente:

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Prevención

Aun cuando no se puede evitar completamente que se cometan injusticias y violencias contra las personas y comunidades, creemos que es posible reducirlas drásticamente, haciendo un trabajo de prevención desde las escuelas, las familias, organizaciones sociales de base, comunidades o pueblos indígenas, grupos eclesiales, grupos juveniles, organizaciones privadas y públicas y la sociedad en su conjunto.

Hemos aprendido que hay por lo menos tres formas de hacerlo:

  • Preparando ciudadanos (incluida la niñez) bien informados, sensibilizados para el ejercicio y exigencia de sus derechos y deberes;
  • Cambiando actitudes y comportamientos sociales de la población y de las autoridades políticas que fomentan la violencia y otras formas de acciones contrarias a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos de personas y comunidades.
  • Fomentando la participación activa de la ciudadanía para vigilar el rol del Estado y sus dependencias y para proponer alternativas de solución.

La Asociación de Madres Tamar de Huánuco (Perú) es un grupo de madres que se organizó en el año 2006, con el apoyo de Paz y Esperanza, para acompañar a familias cuyos hijos e hijas sufrieron abuso sexual, sensibilizar a la población sobre esta problemática, pero además, vigilar a jueces, fiscales y policías que no hacían bien su trabajo. Fruto de su infatigable lucha fue la destitución, en Noviembre de 2011, de tres jueces que constantemente liberaban a delincuentes abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes.

Intervención

Para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, la justicia es muchas veces sólo una palabra vacía. Cuando una acción violenta o injusta le sucede a una persona o comunidad, se requiere la ayuda inmediata de terceros. Sea un niño maltratado, una mujer violentada, una comunidad indígena cuyas tierras le son arrebatadas, o un niño que se le niega aprender en su idioma materno, se hace urgente la ayuda de especialistas (abogados, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, comunicadores, etc.) y la acción decidida de una ciudadanía empoderada.

Nuestra intervención se realiza:

  • Representando a los afectados en las cortes de justicia o ante autoridades del Estado, de personas, funcionarios públicos, organizaciones e incluso empresas que abusan del poder que tienen.
  • Ayudando en la rehabilitación psicológica y social de las personas víctimas de violencia.
  • Denunciando públicamente cuando la voz de las víctimas no es escuchada.
  • Contribuyendo a la organización de las personas y-o comunidades vulneradas para que hagan valer sus derechos mediante acciones decididas de incidencia y cabildeo.
  • Reconociendo, en todo momento, su dignidad, sus derechos, sus capacidades.
  • Valorando sus conocimientos, sus saberes, manteniendo un diálogo y respeto intercultural.
  • Desarrollando capacidades de ejercicio de ciudadanía.
  • Buscando que ellos y ellas sean actores de su propio desarrollo personal, comunal y social.

Entre 1980-2000, el Perú vivía una cruenta guerra interna, pero lamentablemente el gobierno para combatir a los terroristas cometió atropellos contra civiles inocentes.
El 4 de julio de 1991, un grupo de militares incendiaron la casa, robaron el ganado y asesinaron a la esposa y tres pequeñas hijas de Zenón Osnayo (la menor de ellas de solo ocho meses de nacida) A ellas y a otras once personas, las fusilaron y luego dinamitaron sus cuerpos.
Por denunciar esta masacre, Zenón estuvo preso injustamente. Con el apoyo de Paz y Esperanza recuperó su libertad tras ser absuelto luego de casi 12 años. Salió de la cárcel y continuó luchando porque se le haga justicia.
En el 2015, el caso de Zenón llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una resolución declarando al Estado Peruano responsable por la violación de los derechos y ordenó una reparación para las familias de los asesinados.

Reforma

Si, por ejemplo, los policías o jueces no tienen controles o procedimientos adecuados, es muy probable que abusen de su poder o que simplemente no hagan caso a las demandas de personas que sufren violencia e injusticia.

O por ejemplo, si el presupuesto del gobierno local es mínimo para el programa de protección a la infancia, entonces los niños y niñas estarán expuestos a situaciones que atentan contra sus derechos. Si en una escuela no se escuchó ni se alertó de mafias de trata de menores, los niños y las niñas más pobres serán vulnerables y, las mafias lo saben.

Es por ello que necesitamos no sólo de buenas leyes, sino de procedimientos e instituciones que funcionen bien, que protejan realmente a aquellos que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Para ello, buscamos trabajar colaborativamente con las autoridades y ciudadanía organizada.

Paz y Esperanza contribuye a cambios dentro de la sociedad mediante:

  • Entrenamiento de funcionarios públicos en leyes y procedimientos que ya existen pero, que no se aplican debidamente.
  • Brindando asesoría a gobiernos locales, regionales o nacionales
  • Preparado proyectos de ley que ayuden a atender una necesidad o ayudando a las autoridades a establecer procedimientos adecuados.
  • Creando conciencia en la sociedad y las autoridades sobre el problema de la injusticia.
  • Animando a que personas, comunidades, iglesias y organizaciones públicas y civiles unan esfuerzos para enfrentar problemas sociales.
  • Empoderando a mujeres, niños, niñas, líderes indígenas, sociales, etc. en presentar propuestas que atiendan sus legítimos derechos. Es pasar de la demanda a la solución, al diálogo concertado con otras organizaciones y con el Estado.

En el año 1999, Paz y Esperanza inició una labor descentralizado en la Amazonía y Andes peruanos. Desde este proceso, ha venido acompañando a comunidades indígenas y campesinas por el reconocimiento de sus derechos territoriales y de ejercicio de la justicia comunal. Durante éste proceso, impulso el Consorcio PROJUR, el mismo que facilitó la creación de un programa estatal para fomentar el diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y comunal. Este programa se creó a nivel del Ministerio de Justicia y lleva el mismo nombre que tuvo el consorcio: PROJUR. Producto del mismo, hoy en día, funcionan a nivel nacional las Escuelas de Justicia Intercultural, espacios de formación y diálogo entre ambos sistemas de justicia. En San Martín, se creó la Primera Escuela y hasta el día de hoy, viene promoviendo mecanismos de diálogo y entendimiento entre las comunidades Kishwa, Shawi y Awajún de esta parte de la Amazonía Peruana, en colaboración con Paz y Esperanza.

La harina, levadura, agua y sal, cuando se mezclan, preparan y hornean bajo una receta, dan como resultado el pan, el cual es de distinto sabor y textura de lo que son sus ingredientes. Igualmente, al trabajar en la Prevención, Intervención y Reforma, se hace de manera conjunta, integral. Es así, por ejemplo, que cuando Paz y Esperanza interviene para que un abusador de mujeres sea juzgado y sentenciado, esto es a su vez una forma de prevenir, disuadiendo de alguna manera a futuros agresores, pues sabrán que la justicia sí funciona para los pobres. De la misma manera, a partir de unos casos individuales de niños violentados sexualmente que no estaban siendo juzgados adecuadamente, se han emprendido cambios en la Administración de Justicia. Es increíble como a partir de una situación de injusticia sobre una persona, se puede lograr un gran impacto en la reforma de la sociedad.