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Misión pastoral al departamento del Cauca en el marco del Paro Nacional

Fotografía de Dipaz

Contexto

En Colombia las manifestaciones sociales empezaron el 28 de abril del presente año, las cuales no han cesado hasta el momento de escribir esta editorial. Estas ya venían gestándose desde el 21 de noviembre del 2019, que continuaron los meses siguientes, las cuales fueron pausadas con las medidas restrictivas de cuarentena tomadas por el gobierno nacional a partir del mes de marzo del 2020. Tras la apertura en septiembre de este mismo año, las movilizaciones se reanudaron en ese mismo mes.

Estas movilizaciones han estado dentro del marco del Paro Nacional, el cual posee un pliego de emergencia. El Comité del Paro ha hecho saber sus exigencias al gobierno nacional, a pesar de este pliego, Iván Duque se propuso presentar al congreso un proyecto de reforma tributaria el cual fue la gota que rebasó el vaso.

El miércoles 28 de abril salieron a las calles miles de personas, en su mayoría, de centros urbanos y algunos rurales. Aunque el gobierno decidió días después retirar del Congreso dicho proyecto, las protestas lejos de menguarse se agudizaron, puesto que no era la única razón del sentir social. Además de los puntos que estaban en el pliego de emergencia, se sumaban al menos dos reformas que también estaban cursando en el Congreso: la reforma a la salud y la reforma a las pensiones.

Este momento que atraviesa el país ha sido diverso. Ha tenido diferenciaciones por territorios con múltiples actores y aún exigencias, estas han sido principalmente por dos razones mezcladas: el abandono del estado y la pandemia. Dos ciudades que han tenido mayores expresiones de reclamo; han sido Cali y Popayán.

¿Qué hicimos?

En medio de este contexto, el Diálogo Intraeclesial por la Paz (Dipaz), plataforma colombiana de la cual Paz y Esperanza Colombia hace parte, decidió enviar una misión a Cali[1] y otra a Popayán. Dentro de la misión en la que fuimos a Popayán y a algunos territorios del Cauca, estuvimos organizaciones de la región Centro y Occidente del país. Dos días antes de nuestra llegada, el domingo 16 de mayo, habían ocurrido dos eventos dolorosos para la ciudad: Alison Meléndez, una joven de 17 años se había suicidado luego de ser liberada tras el arresto y presunto abuso sufrido, según ella, por fuerzas de la policía. Además, cuatro líderes sociales habían sido señalados como alias por el ministro de defensa, luego del episodio en el que fue quemado la Unidad de Respuesta Inmediata URI, versión que luego fue contradicha por autoridades locales, como el propio gobernador del Cauca, pidiendo mayor claridad.

Estando allí como misión de escucha, pudimos conocer por una variedad de actores, la situación que vivía el departamento. Llevamos a cabo cinco visitas, en las cuales hablamos con comunidades indígenas y campesinas, además con jóvenes y líderes sociales representantes de diversas organizaciones.

Reclamaciones

Dentro de las reclamaciones que estas comunidades le hacen al Gobierno Nacional y que nos dieron a conocer, fueron la exigencia al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente los puntos uno: Reforma Rural Integral. Ellos se enfrentan con los latifundios; “aquí el problema es tierra…aquí algo central es la tierra” como dijo uno de los líderes, lo cual manifiesta problemas en el tema de la tenencia de la tierra. Esta se encuentra en manos de los terratenientes y de multinacionales, afectando la oportunidad de ejercer la vocación agrícola que tienen sus territorios. Y el segundo: la solución al problema de las drogas ilícitas. Expresaron sus reclamaciones al incumplimiento de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Cabe anotar otras razones de reclamación, como lo son las situaciones precarias que viven las mujeres “si acá estamos mal, más mal están las mujeres” declaró uno de los líderes, además de la falta de acceso al agua en algunas comunidades.

Lo anterior muestra cómo este departamento ha sido afectado por el abandono del estado, dejándolos en situación de vulnerabilidad económica y social, las cuales son aprovechadas por actores ilegales con economías nutridas por cultivos de uso ilícito. Situaciones que los dejan en medio de las violencias que generan estos actores que captan los territorios.

Sumado a los anteriores reclamos, así como a la afectación social, económica y política que tienen sobre ellos las reformas estructurales, inicialmente nombradas en esta editorial, escuchamos de manera generalizada una reclamación muy sentida en medio de la coyuntura:  fue el clamor de estas comunidades por hacer ver que son sujetos de derechos y no vándalos ni delincuentes. Este estigma que han construido políticos y medios de comunicación, es grave puesto que permite la deslegitimación de su legítima protesta ante la Opinión Pública, y legitima la reproducción de violencias que ejercen sobre ellos actores de la fuerza pública, así como de grupo ilegales.

Violencias que los hace sentir zozobra, como dijo una de las mujeres que estaban en uno de los asentamientos: “en el 2019 fue el hecho de que cayeron al campamento y adicional nos quemaron absolutamente todo… ellos son tan insensibles de quemar comida, quemar cobijas, quemar carpas y sin importarles absolutamente nada, entonces esta vez es eso, es la zozobra de que nos van a volver a quemar nuestra comida, nuestras pertenencias personales con las que podemos seguir acá, lo poco con lo que traemos, y lo poco con lo que nuestras comunidades y nuestra gente nos ha apoyado al venir acá. Es bastante complicado”.

Desafortunadamente en videos y fotos quedó registrado lo que ellos temían. Ocurrió en la mañana del 21 de junio, con la gravedad que allí, según nos dijeron y vimos, había jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, entre hombres y mujeres. Así lo hicieron saber unas de las organizaciones que escuchamos ese día: “Durante la arremetida pudimos ver como las Fuerzas Públicas quemaron todas nuestras pertenencias, incluidos víveres, carpas y herramientas de trabajo”.

Desafíos para Paz y Esperanza

Lo que vimos y escuchamos, son deudas históricas del estado colombiano y por ello reclamaciones legítimas de los diferentes sectores al gobierno de Iván Duque. Pero, además, son desafíos para Paz y Esperanza Colombia. Al ser estas situaciones de injustica de alcance nacional, nos coloca en un lugar de responsabilidad ¿Qué podemos hacer desde Paz y Esperanza Colombia frente a este contexto?

Lo primero que podemos hacer, es entender que, por el hecho de ser colombianos, estas situaciones nos incluyen. Por tanto, como dijo una lideresa, no se trata de apoyar o ayudar, sino de ser parte de estas reclamaciones y transformaciones de país. Como tal, somos llamados a entender estas realidades, visibilizarlas en los niveles donde hacemos presencia e influencia, por ejemplo, en las comunidades de fe (iglesias locales y organizaciones inter-eclesiales) acompañar de manera interdisciplinaria a las comunidades más afectadas, como expresiones de nuestro carácter cristiano: misericordiosos, pacificadores y que tienen como causa la justicia y por tanto al Señor que nos ha llamado. De esa manera seremos sal y luz para la Colombia que tanto amamos. Mt 5:1-16

Por. Federico Suarez

[1] La misión que fue a Cali, documentó su experiencia, la cual está publicada en la página web de Dipaz.

HEMOS VISTO, OÍDO Y DAMOS TESTIMONIO DE LA VISITA PASTORAL A CALI. Recorrido humanitario de DIPAZ por cuatro puntos de resistencia en Cali

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