Niñez en riesgo
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense (INMLCF), en el 2016 se presentaron 21.399 exámenes médicos legales por presunto delito sexual donde el 86% (18.416) de las valorizaciones se hicieron a personas entre los 0 a los 17 años de edad (de estas, el 84% corresponde a niñas y adolescentes mujeres). Así mismo, de los 77.182 casos de violencia física intrafamiliar registrados por el INMLCF, el 13,06% (10.082) corresponde a violencia ejercida contra NNA por parte del padre y la madre como principales agresores (castigo físico y trato humillantes en el contexto familiar).
Estos datos son sólo la punta del iceberg pues, como lo señala la Unicef, los niños y niñas más pequeños que sufren violencia y abuso sexual en el contexto familiar no cuentan con las capacidades y autonomía suficiente para denunciar ni con redes de apoyo que los atiendan y protejan.
Para el 2016, se estima que el 7.8% (869 mil) NNA entre los 5 a los 17 años trabajaba en Colombia. El trabajo infantil en un escenario de riesgo que incide en el ausentismo escolar, explotación y lesión a la integridad (física, emocional y moral) de los NNA debido a la realización de actividades perjudiciales y denigrantes.
Entre las peores formas de trabajo infantil se encuentra la Explotación Sexual Comercial (ESC) de NNA (incluye la trata de personas, la prostitución y la pornografía con menores). Este fenómeno, al ser una actividad delictiva, presenta un alto subregistro. Según datos oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre el 2001 hasta el 30 de septiembre de 2013 ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos un total de 2.135 de NNA víctimas de ESC.
La situación de los NNA se agrava debido a la existencia del conflicto armado en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica estima que al 20 de septiembre de 2017 se han contabilizado en Colombia 15.076 personas víctimas de delitos contra la integridad y la libertad sexual, de los cuales el 35.16% (5.302) son personas entre los 0 a los 19 años de edad (siendo las mujeres las principales afectadas). Así mismo, aunque no existen datos precisos sobre la cantidad de NNA utilizadas y vinculadas a grupos armados ilegales, entre 1999 y 2016 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 6,073 NNA desvinculados de grupos armados ilegales.
Violencia de género
La violencia hacia la mujer es un problema de violación de derechos humanos, salud pública y desarrollo. Es un problema de carácter global que se constituye en discriminación en tanto anula o menoscaba los derechos humanos de las mujeres, lesiona su integridad y limita sus capacidades.
Según datos de la Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses (INMLCF) en el 2016 se presentaron 997 casos de homicidios de mujeres, 18.257 exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra mujeres (el 73.98% del total de casos registrados en el país) y 59.371 casos de violencia física intrafamiliar contra la mujer (el 76.93% del total de casos registrados) donde el 56.64% corresponde a violencia de pareja. Así mismo, sólo en el 2015 el Ministerio del Interior registro 73 víctimas de trata de personas donde el 86% corresponde a víctimas mujeres, siendo Colombia uno de los principales países de origen de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
La violencia contra la mujer se agrava debido a la existencia del conflicto armado colombiano, quienes sufren la violencia de forma diferencial. Según datos del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta el 01 de enero de 2018 se han identificado un total de 8.286.032 personas únicas víctimas del conflicto armado, de las cuales el 49,64% son mujeres. Entre 1985 y el 2017, el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno de 3.743.200 mujeres (51% del total de población desplazada) y el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que al 20 de septiembre de 2017 se han contabilizado en Colombia 15.076 personas víctimas de delitos contra la integridad y la libertad sexual, de los cuales el 91.6% han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Postconflicto
Desde la década de los sesenta del siglo XX la sociedad colombiana ha estado inmersa en un conflicto armado de larga duración caracterizado por la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos (DDHH) y las continuas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DHI), a partir de diversas modalidades de violencia: asesinatos selectivos, masacres, sevicia y tortura, desapariciones forzadas, secuestro y toma de rehenes, desplazamiento forzado, despojo y extorciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito, minas antipersonales, ataques a bienes civiles y sabotaje, y atentados terroristas.
La principal víctima de este conflicto armado es la población civil. Los datos del Registro Único de Victimas (RUV) permiten cuantificar el horror de la guerra en Colombia y su impacto sobre la población civil. Desde 1985 hasta el 01 de diciembre de 2017 se han identificado un total de 8.270.812 personas únicas víctimas de distintos hechos victimizantes. Según ACNUR, Colombia es el país con la mayor crisis humanitaria por desplazamiento interno (7.325.975) en el mundo seguido de Siria, Sudan, Irak, la República Democrática del Congo, Yemen, Nigeria, Sudan del Sur, Ucrania y Afganistán.
Antioquia es el departamento más victimizado de Colombia. Según datos del RUV el 19,34% de las víctimas por hechos victimizantes se presentaron en Antioquia, seguido por los departamentos de Bolívar (7,05%), Magdalena (5,73%) y Nariño (5,38%).
En medio de este contexto de violencia, en los últimos 35 años ha habido diferentes iniciativas de paz con los grupos guerrilleros y paramilitares. Producto de estos esfuerzos, se lograron procesos de negociación exitosos con los grupos guerrilleros M19 (1990), EPL (1991), PRT (1991), MAQL (1991), CRS (1994), Milicias Populares de Medellín (1994), MIR-COAR (1997) y el grupo paramilitar AUC (2003 – 2006). Así mismo, en la actualidad el Gobierno Nacional avanza en un proceso de negociación con el ELN y, luego de casi 4 años de negociación con las FARC-EP, en noviembre de 2016 se firmó con esta última guerrilla el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Colombia inicia entonces un proceso de transición hacia el posconflicto que debe tener como horizonte la reconciliación nacional y en el centro de su preocupación el derecho de las victimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sus principales amenazas es la polarización social y política que vive el país, y la persistencia de otros grupos armados ilegales (ELN y Bandas Criminales) financiados por economías ilegales (narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, minería ilegal).
