Contexto Colombiano
La sociedad colombiana se ha construido en medio de un histórico conflicto armado que suma alrededor de 70 años, lo cual ha devenido en el asentamiento de las grandes ciudades con población en estado de desplazamiento, originarias de territorios expulsores mayoritariamente de zonas rurales. Éstas, al llegar a las ciudades se han localizado en zonas periféricas donde han sido re victimizadas, no solo por grupos al margen de la ley, sino también por el abandono del Estado, viviendo situaciones de reclutamiento a menores por parte de los primeros y falta de servicios vitales por parte del segundo; como salud, carreteras, agua potable y educación, sumado a una precaria atención a sus derechos como víctimas en torno a temas de salud mental, memoria y prevención de las violencias que los persiguen en estos nuevos territorios.
Durante el gobierno comprendido entre el 2023 y 2026, la paz total fue el programa bandera, si bien logró objetivos en algunas zonas del país, no alcanzó los resultados prometidos. En su recta final, no se observaron soluciones estructurales al conflicto armado, que sigue vigente e incluso fortalecido en diversas regiones del país. Sin embargo, en medio de estos escenarios de violencia, las comunidades locales continúan dando ejemplo de construcción de paz desde lo territorial.
El próximo gobierno, con inicio en el 2026 tendrá el desafío de dar cumplimiento a cabalidad del acuerdo de paz del 2016, el cual ha tenido un debilitamiento de cara a las comunidades que han sufrido directamente los estragos de la guerra. En los territorios, gran parte de estas personas traen consigo una vivencia de fe, la cual les ha ayudado a continuar resistiendo a este contexto. Tras llegar a las zonas urbanas, las iglesias locales y organizaciones basadas en la fe se convierten en un espacio de vida. Es así como Paz y Esperanza Colombia; organización basada en la fe ha tenido como desafío, el trabajo por la recuperación de la memoria para resignificar lo que pasó, hablarlo, ponerlo en palabras; de tal modo que las personas puedan iniciar procesos de sanidad psicosocial, dispuestas a enfrentar con resiliencia el presente y el futuro. Bajo este panorama, se abre la ventana a la dimensión de la esfera de la salud mental; como una dimensión humana que Paz y Esperanza ha identificado y se ha propuesto a acompañar mediante espacios de diálogo, escucha y contención, para el cuidado de la misma. Sin embargo, los desafíos siguen siendo grandes por las huellas que ha dejado el conflicto armado.
Este último persiste a través de violencias en los territorios receptores propiciada por diferentes actores; tanto ilegales como por parte del Estado mismo, generando imposiciones económicas, desplazamiento intraurbano y por parte del Estado; la omisión de sus obligaciones, abandonándoles y dejándoles bajo el control de los primeros. Sumado a estas, se encuentran las diferentes violencias que se gestan entre la población civil, tales como violencia de género, violencia verbal, psicológica, material y religiosa siendo las mujeres las más afectadas.
Por este motivo, se hace inminente un acompañamiento a estas poblaciones vulneradas, en sus procesos de reconciliación individual y socialmente.
Paz y Esperanza trabaja desde el cuidado psicopastoral para acompañar estas realidades de violencia, salud mental, memoria y reconciliación a través de espacios de escucha, oración, arte, posibilitando la descarga emocional, la re-significación de vivencias de sufrimiento para asumir el presente y el futuro, desde la esperanza en clave de la construcción de la paz, aportando al cierre del circulo de las violencias.Por otra parte, en Medellín, Bello y Urabá las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un rol protagónico en la construcción de paz, la memoria, la reconciliación y la promoción de la salud mental. Ellas han sido la respuesta a muchas de las necesidades no atendidas por el Estado Colombiano en los territorios, como se mencionó anteriormente.
Sin embargo, su gran mayoría enfrenta grandes desafíos en su estructura institucional que impide la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo, la diversificación de fuentes de financiación, el cumplimiento con las normativas exigidas por los entes de control nacionales e internacionales.
Justamente, en el año 2023, doce organizaciones de la sociedad civil de Medellín participaron en un programa de formación para aplicar a recursos de cooperación internacional organizado por Aci Medelín, una de las organizaciones beneficiadas expresó: “Gracias al acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil la Fundación Berta Martínez ha accedido a bastantes herramientas que sirven para articularnos con organismos internacionales, así como para relacionarse todas las organizaciones en conjunto para potenciar su propósito”. (Martinez, 2023) https://acimedellin.org/12-organizaciones-de-la-sociedad-civil-participan-en-formacion-para-el-acceso-a-recursos-de-cooperacion-internacional/
Las entidades de cooperación internacional establecen criterios rigurosos y claros para la financiación de los proyectos sociales de las OSC; esto obliga que estas puedan ajustarse internamente para aprovechar los recursos destinados para la transformación social de las comunidades. Algunos de estos aspectos son la solidez institucional, la capacidad administrativa y financiera, las alianzas, la articulación y la sostenibilidad de los proyectos.
Esta madurez institucional hace referencia también a la cultura organizacional y mecanismos de transparencia que deben tener las organizaciones en su estructura interna, ya que, al manejar recursos de donantes internacionales, se ven expuestas a distintos riesgos de corrupción y soborno trasnacional. Por este motivo, los organismos estatales y departamentales han establecido parámetros de control y vigilancia para las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) tales como, el Programa de Transparencia y Ética empresarial (PTEE).
“El Departamento de Antioquia, identifica que los PTEE, son una oportunidad de mejora en su implementación, aplicación y vigilancia, contribuyendo de manera directa a los indicadores de gobernanza, tal cual como se ha previsto en la Agenda Antioquia 2040, en tanto se generarán prácticas empresariales obligatorias que contribuyen a impedir, que las entidades sin ánimo de lucro sean utilizadas para fines contrarios a la Constitución y a la ley”. RESOLUCIÓN S2024060000475 DE 2024 (2024), Gobernación de Antioquia. https://compilacionjuridica.antioquia.gov.co/compilacion/compilacion/docs/r_gobant_s2024060000475_2024.htm.
De acuerdo a estas estadísticas, es evidente que el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Paz y Esperanza Colombia, sea un imperativo estratégico que permita la sostenibilidad de su quehacer misional de cara a las comunidades en el plan estratégico 2026 a 2030.
