Niñez en riesgo
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense (INMLCF), en el 2016 se presentaron 21.399 exámenes médicos legales por presunto delito sexual donde el 86% (18.416) de las valorizaciones se hicieron a personas entre los 0 a los 17 años de edad (de estas, el 84% corresponde a niñas y adolescentes mujeres). Así mismo, de los 77.182 casos de violencia física intrafamiliar registrados por el INMLCF, el 13,06% (10.082) corresponde a violencia ejercida contra NNA por parte del padre y la madre como principales agresores (castigo físico y trato humillantes en el contexto familiar).
Estos datos son sólo la punta del iceberg pues, como lo señala la Unicef, los niños y niñas más pequeños que sufren violencia y abuso sexual en el contexto familiar no cuentan con las capacidades y autonomía suficiente para denunciar ni con redes de apoyo que los atiendan y protejan.
Para el 2016, se estima que el 7.8% (869 mil) NNA entre los 5 a los 17 años trabajaba en Colombia. El trabajo infantil en un escenario de riesgo que incide en el ausentismo escolar, explotación y lesión a la integridad (física, emocional y moral) de los NNA debido a la realización de actividades perjudiciales y denigrantes.
Entre las peores formas de trabajo infantil se encuentra la Explotación Sexual Comercial (ESC) de NNA (incluye la trata de personas, la prostitución y la pornografía con menores). Este fenómeno, al ser una actividad delictiva, presenta un alto subregistro. Según datos oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre el 2001 hasta el 30 de septiembre de 2013 ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos un total de 2.135 de NNA víctimas de ESC.
La situación de los NNA se agrava debido a la existencia del conflicto armado en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica estima que al 20 de septiembre de 2017 se han contabilizado en Colombia 15.076 personas víctimas de delitos contra la integridad y la libertad sexual, de los cuales el 35.16% (5.302) son personas entre los 0 a los 19 años de edad (siendo las mujeres las principales afectadas). Así mismo, aunque no existen datos precisos sobre la cantidad de NNA utilizadas y vinculadas a grupos armados ilegales, entre 1999 y 2016 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 6,073 NNA desvinculados de grupos armados ilegales.
Violencia de género
La violencia hacia la mujer es un problema de violación de derechos humanos, salud pública y desarrollo. Es un problema de carácter global que se constituye en discriminación en tanto anula o menoscaba los derechos humanos de las mujeres, lesiona su integridad y limita sus capacidades.
Según datos de la Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses (INMLCF) en el 2016 se presentaron 997 casos de homicidios de mujeres, 18.257 exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra mujeres (el 73.98% del total de casos registrados en el país) y 59.371 casos de violencia física intrafamiliar contra la mujer (el 76.93% del total de casos registrados) donde el 56.64% corresponde a violencia de pareja. Así mismo, sólo en el 2015 el Ministerio del Interior registro 73 víctimas de trata de personas donde el 86% corresponde a víctimas mujeres, siendo Colombia uno de los principales países de origen de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
La violencia contra la mujer se agrava debido a la existencia del conflicto armado colombiano, quienes sufren la violencia de forma diferencial. Según datos del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta el 01 de enero de 2018 se han identificado un total de 8.286.032 personas únicas víctimas del conflicto armado, de las cuales el 49,64% son mujeres. Entre 1985 y el 2017, el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno de 3.743.200 mujeres (51% del total de población desplazada) y el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que al 20 de septiembre de 2017 se han contabilizado en Colombia 15.076 personas víctimas de delitos contra la integridad y la libertad sexual, de los cuales el 91.6% han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Postconflicto
Desde la década de los sesenta del siglo XX la sociedad colombiana ha estado inmersa en un conflicto armado de larga duración caracterizado por la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos (DDHH) y las continuas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DHI), a partir de diversas modalidades de violencia: asesinatos selectivos, masacres, sevicia y tortura, desapariciones forzadas, secuestro y toma de rehenes, desplazamiento forzado, despojo y extorciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito, minas antipersonales, ataques a bienes civiles y sabotaje, y atentados terroristas.
La principal víctima de este conflicto armado es la población civil. Los datos del Registro Único de Victimas (RUV) permiten cuantificar el horror de la guerra en Colombia y su impacto sobre la población civil. Desde 1985 hasta el 01 de diciembre de 2017 se han identificado un total de 8.270.812 personas únicas víctimas de distintos hechos victimizantes. Según ACNUR, Colombia es el país con la mayor crisis humanitaria por desplazamiento interno (7.325.975) en el mundo seguido de Siria, Sudan, Irak, la República Democrática del Congo, Yemen, Nigeria, Sudan del Sur, Ucrania y Afganistán.
Antioquia es el departamento más victimizado de Colombia. Según datos del RUV el 19,34% de las víctimas por hechos victimizantes se presentaron en Antioquia, seguido por los departamentos de Bolívar (7,05%), Magdalena (5,73%) y Nariño (5,38%).
En medio de este contexto de violencia, en los últimos 35 años ha habido diferentes iniciativas de paz con los grupos guerrilleros y paramilitares. Producto de estos esfuerzos, se lograron procesos de negociación exitosos con los grupos guerrilleros M19 (1990), EPL (1991), PRT (1991), MAQL (1991), CRS (1994), Milicias Populares de Medellín (1994), MIR-COAR (1997) y el grupo paramilitar AUC (2003 – 2006). Así mismo, en la actualidad el Gobierno Nacional avanza en un proceso de negociación con el ELN y, luego de casi 4 años de negociación con las FARC-EP, en noviembre de 2016 se firmó con esta última guerrilla el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Colombia inicia entonces un proceso de transición hacia el posconflicto que debe tener como horizonte la reconciliación nacional y en el centro de su preocupación el derecho de las victimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sus principales amenazas es la polarización social y política que vive el país, y la persistencia de otros grupos armados ilegales (ELN y Bandas Criminales) financiados por economías ilegales (narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, minería ilegal).
Contexto Colombiano
La sociedad colombiana se ha construido en medio de un histórico conflicto armado que suma alrededor de 70 años, lo cual ha devenido en el asentamiento de las grandes ciudades con población en estado de desplazamiento, originarias de territorios expulsores mayoritariamente de zonas rurales. Éstas, al llegar a las ciudades se han localizado en zonas periféricas donde han sido re victimizadas, no solo por grupos al margen de la ley, sino también por el abandono del Estado, viviendo situaciones de reclutamiento a menores por parte de los primeros y falta de servicios vitales por parte del segundo; como salud, carreteras, agua potable y educación, sumado a una precaria atención a sus derechos como víctimas en torno a temas de salud mental, memoria y prevención de las violencias que los persiguen en estos nuevos territorios.
Durante el gobierno comprendido entre el 2023 y 2026, la paz total fue el programa bandera, si bien logró objetivos en algunas zonas del país, no alcanzó los resultados prometidos. En su recta final, no se observaron soluciones estructurales al conflicto armado, que sigue vigente e incluso fortalecido en diversas regiones del país. Sin embargo, en medio de estos escenarios de violencia, las comunidades locales continúan dando ejemplo de construcción de paz desde lo territorial.
El próximo gobierno, con inicio en el 2026 tendrá el desafío de dar cumplimiento a cabalidad del acuerdo de paz del 2016, el cual ha tenido un debilitamiento de cara a las comunidades que han sufrido directamente los estragos de la guerra. En los territorios, gran parte de estas personas traen consigo una vivencia de fe, la cual les ha ayudado a continuar resistiendo a este contexto. Tras llegar a las zonas urbanas, las iglesias locales y organizaciones basadas en la fe se convierten en un espacio de vida. Es así como Paz y Esperanza Colombia; organización basada en la fe ha tenido como desafío, el trabajo por la recuperación de la memoria para resignificar lo que pasó, hablarlo, ponerlo en palabras; de tal modo que las personas puedan iniciar procesos de sanidad psicosocial, dispuestas a enfrentar con resiliencia el presente y el futuro. Bajo este panorama, se abre la ventana a la dimensión de la esfera de la salud mental; como una dimensión humana que Paz y Esperanza ha identificado y se ha propuesto a acompañar mediante espacios de diálogo, escucha y contención, para el cuidado de la misma. Sin embargo, los desafíos siguen siendo grandes por las huellas que ha dejado el conflicto armado.
Este último persiste a través de violencias en los territorios receptores propiciada por diferentes actores; tanto ilegales como por parte del Estado mismo, generando imposiciones económicas, desplazamiento intraurbano y por parte del Estado; la omisión de sus obligaciones, abandonándoles y dejándoles bajo el control de los primeros. Sumado a estas, se encuentran las diferentes violencias que se gestan entre la población civil, tales como violencia de género, violencia verbal, psicológica, material y religiosa siendo las mujeres las más afectadas.
Por este motivo, se hace inminente un acompañamiento a estas poblaciones vulneradas, en sus procesos de reconciliación individual y socialmente.
Paz y Esperanza trabaja desde el cuidado psicopastoral para acompañar estas realidades de violencia, salud mental, memoria y reconciliación a través de espacios de escucha, oración, arte, posibilitando la descarga emocional, la re-significación de vivencias de sufrimiento para asumir el presente y el futuro, desde la esperanza en clave de la construcción de la paz, aportando al cierre del circulo de las violencias.Por otra parte, en Medellín, Bello y Urabá las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un rol protagónico en la construcción de paz, la memoria, la reconciliación y la promoción de la salud mental. Ellas han sido la respuesta a muchas de las necesidades no atendidas por el Estado Colombiano en los territorios, como se mencionó anteriormente.
Sin embargo, su gran mayoría enfrenta grandes desafíos en su estructura institucional que impide la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo, la diversificación de fuentes de financiación, el cumplimiento con las normativas exigidas por los entes de control nacionales e internacionales.
Justamente, en el año 2023, doce organizaciones de la sociedad civil de Medellín participaron en un programa de formación para aplicar a recursos de cooperación internacional organizado por Aci Medelín, una de las organizaciones beneficiadas expresó: “Gracias al acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil la Fundación Berta Martínez ha accedido a bastantes herramientas que sirven para articularnos con organismos internacionales, así como para relacionarse todas las organizaciones en conjunto para potenciar su propósito”. (Martinez, 2023) https://acimedellin.org/12-organizaciones-de-la-sociedad-civil-participan-en-formacion-para-el-acceso-a-recursos-de-cooperacion-internacional/
Las entidades de cooperación internacional establecen criterios rigurosos y claros para la financiación de los proyectos sociales de las OSC; esto obliga que estas puedan ajustarse internamente para aprovechar los recursos destinados para la transformación social de las comunidades. Algunos de estos aspectos son la solidez institucional, la capacidad administrativa y financiera, las alianzas, la articulación y la sostenibilidad de los proyectos.
Esta madurez institucional hace referencia también a la cultura organizacional y mecanismos de transparencia que deben tener las organizaciones en su estructura interna, ya que, al manejar recursos de donantes internacionales, se ven expuestas a distintos riesgos de corrupción y soborno trasnacional. Por este motivo, los organismos estatales y departamentales han establecido parámetros de control y vigilancia para las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) tales como, el Programa de Transparencia y Ética empresarial (PTEE).
“El Departamento de Antioquia, identifica que los PTEE, son una oportunidad de mejora en su implementación, aplicación y vigilancia, contribuyendo de manera directa a los indicadores de gobernanza, tal cual como se ha previsto en la Agenda Antioquia 2040, en tanto se generarán prácticas empresariales obligatorias que contribuyen a impedir, que las entidades sin ánimo de lucro sean utilizadas para fines contrarios a la Constitución y a la ley”. RESOLUCIÓN S2024060000475 DE 2024 (2024), Gobernación de Antioquia. https://compilacionjuridica.antioquia.gov.co/compilacion/compilacion/docs/r_gobant_s2024060000475_2024.htm.
De acuerdo a estas estadísticas, es evidente que el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Paz y Esperanza Colombia, sea un imperativo estratégico que permita la sostenibilidad de su quehacer misional de cara a las comunidades en el plan estratégico 2026 a 2030.
