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soldados casi adolescentes
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Octubre 2008
Ronald Gamarra
Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos.
Catorce soldados, la mayoría de ellos casi adolescentes,
despedazados y acribillados alevosamente. Muchachos humildes,
pobres, marginados, discriminados, pero también esforzados
y recios, resilientes. Sobrevivientes a la pobreza, pero no
a la perfidia. La mayoría cumplía el servicio
militar, de manera voluntaria, en un país donde solo
lo cumplen los pobres. Chicos como muchos que conocemos, y
que en otras circunstancias hubiésemos podido ser nosotros
mismos, tales eran los jóvenes soldados sacrificados
por una banda terrorista en el atentado de Tintay Puncu.
A
estos jóvenes, que apenas han dejado la escuela, los
envían al peor trabajo que cabe imaginar en nuestro
país: prestar servicio en las zonas amagadas por las
bandas de terroristas y narcotraficantes, exponiéndolos
a perder la integridad física y psíquica, incluso
la vida. No hay sueldo para ellos, sino propina. Ni hablar
de seguro o indemnización decente por heridas de guerra
o muerte. Lo mismo pasó con los soldados que combatieron
en el Cenepa. ¿Acaso no los hemos visto reclamando
ser atendidos? ¿Acaso no hemos visto a los viejos combatientes
de la Campaña del 41 extinguirse poco a poco reclamando
el pago de pensiones de gracia que no se cumplían y
se entregaban como limosna?
Indigna el fariseísmo de quienes manipulan la muerte
de estos soldados para atacar al movimiento de DDHH, a sabiendas
de nuestra condena explícita y firme contra el terrorismo,
y se disfrazan de patriotas para ganar titulares fáciles,
con el sonsonete de que el movimiento de derechos humanos
“no se pronuncia” o “tiene dudas”,
sin importar que nuestras declaraciones consten, circulen
y sean comentadas. Lo que les importa es el rédito
político que tal mentira les pueda rendir. Y en concreto,
por esos soldados a los que dicen defender, ¿qué
hacen? ¿qué han hecho? Absolutamente nada. Utilizan
su martirio, para olvidarlos inmediatamente después.
Esos mismos soldados que ocuparán una tumba precaria
o que, malheridos, sobrevivirán para comprobar la ingratitud
del Estado y de cada gobierno de turno.
El
movimiento de derechos humanos impulsa desde hace muchos años
la iniciativa del plan nacional de reparaciones, que, presentada
como recomendación de la CVR, se convirtió finalmente
en ley del Estado. Este plan acoge a todas las víctimas
de la violencia y el terror vividos durante dos décadas
en el Perú, entre las cuales hay miles de soldados
y policías, y sus familias, que tendrían la
posibilidad de una reparación. ¿Qué han
hecho los políticos supuestamente patriotas por facilitar
el acceso de estos soldados y policías a una reparación?
Nada. El plan nacional de reparaciones sigue paralizado por
culpa de ellos, en el gobierno y el Congreso. Hay necesidad
de hacer a un lado la manipulación barata de la muerte
de los soldados de Tintay Puncu y ponerse a concertar pasos
concretos para compensar su sacrificio.
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